Sentencia en el Caso Octubre Negro

Salió la sentencia de los exjefes militares que formaron parte del gobierno de Goni durante octubre negro, 2003.  Esta conclusión de la Corte Suprema boliviana es un hito en el proceso social y judicial de lidiar con las revueltas y la masacre de 2003.  Los jóvenes actores en nuestro documental, Movimientos Espectaculares representan estos eventos, y con su obra, su discurso, y sus manifestaciones callejeras forman parte de las presiones sobre el gobierno para que haya justicia en este caso, donde la justicia ha demorado casi 8 años en llegar donde estamos hoy.

Este logro es parcial, y forma parte de un movimiento muchísimo mayor.  En cuanto a 2003, todavía falta la extradición de Goni, el expresidente y el más responsable,  y de sus ministros, que están en los Estados Unidos. Falta la extradición de otros ministros de Perú.  Y sobre todo, en Bolivia, América Latina y el mundo falta seguir con los procesos de justicia para otros crímenes históricos como los de las dictaduras del siglo XX, para acabar con la impunidad y mantener viva la memoria colectiva. Así podemos evitar que vuelvan a suceder tales atrocidades.

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Genocidio
Sentencia por Octubre concluye que hubo ‘masacre sangrienta’CULPABLES DE MASACRE SANGRIENTA

Culpables. Cinco exjefes militares y dos exministros de Goni fueron condenados.

La Razón

La justicia boliviana concluyó ayer que en octubre del 2003 se cometió un “genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta”, delito por el que condenó a penas de entre tres a 15 años de prisión a siete colaboradores del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

SUCRE. Familiares de las víctimas de octubre se apostaron en puertas de la Corte Suprema de Justicia junto a fotografias de sus parientes fallecidos, a la espera de la sentencia.

La decisión judicial, que se dio a conocer tras siete días de debate  para el fallo y ocho años de  proceso, fue recibida con insatisfacción, aunque con esperanza, por las víctimas de esos acontecimientos, en los que perdieron la vida 64 personas y 497 resultaron heridas.

La esperanza radica no sólo en la condena, que confirma que la administración de Sánchez de Lozada cometió un delito, sino también en la tipificación, por la que se deduce que el expresidente sería el principal responsable de un “genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta”, que se castiga con la pena máxima: 30 años de prisión.

Por ello, las víctimas de octubre ya piensan en viajar a Estados Unidos y el fiscal general, Mario Uribe, se anticipó en pedir a ese gobierno que sea coherente en la lucha contra la criminalidad e impunidad y “no proteja a personas involucradas en hechos con consecuencias graves, como la masacre sangrienta de septiembre y octubre del 2003”.

Hizo el mismo pedido a España y Perú, países que también acogen a otros colaboradores de Sánchez de Lozada.

No obstante, las víctimas esperaban una condena más dura, especialmente en el caso de los dos exministros, Adalberto Kuajara y Erick Reyes Villa, quienes recibieron penas de tres años de prisión, pero que en los hechos se traducirán en sólo cinco o seis días tras las rejas, ya que después que este viernes en la tarde se dé lectura íntegra a la sentencia podrán tramitar su perdón judicial.

“Nos deja con sabor a poco”, comentó por ejemplo Rogelio Mayta, el abogado de los familiares de los fallecidos. Para el dirigente de la Central Obrera Boliviana, Bruno Apaza, la sentencia fue “benévola”. El senador del MAS Eugenio Rojas sugirió su revisión para que otros exministros de Gonzalo Sánchez de Lozada no la usen como antecedente a su favor.

La condena para los militares no provocó tanta molestia, aunque la exigencia era de 25 años de prisión. El general Juan Véliz, por ejemplo, recibió 15 años y seis meses de prisión, al igual que Roberto Claros Flores.

Los generales José  Quiroga Mendoza y Luis Alberto Aranda recibieron 11 años y Gonzalo Alberto Rocabado 10 años. Véliz, antes de ingresar junto a los otros sentenciados al penal de San Roque, dijo que la condena es política y que los principales responsables de los enfrentamientos son los dirigentes sindicales que comenzaron las protestas el 2003 y que luego fueron librados de culpa por un decreto de amnistía aprobado por el exmandatario Carlos Mesa.

Para la abogada de oficio de Sánchez de Lozada, Elizabet Vargas, este juicio “pasará a la historia como uno de los capítulos más oscuros de la justicia boliviana, porque no se ha juzgado a los verdaderos responsables y se ha sentenciado a funcionarios públicos que sólo cumplieron las leyes”.
Por el contrario, para el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Bolivia, Denis Racicot, el juicio es un antecedente fundamental para la lucha contra la impunidad.

"Creo que la historia judicial del país nunca ha visto un juicio con tantas evidencias, entonces es muy importante todo el trabajo realizado por los abogados de las víctimas en este caso".

En todo caso, desde ayer la cárcel de San Roque, ubicada prácticamente en el centro histórico de Sucre, cobró mayor notoriedad porque tiene como moradores a los miembros de la cúpula militar del año 2003 y a dos exministros sentenciados por haber cometido genocidio.

Erick Reyes Villa es el interno 263, Adalberto Kuajara el 264, el general Roberto Claros Flores el 265, el general Gonzalo Rocabado el 266, el almirante Luis Alberto Aranda Granados el 267 y al general José Oswaldo Quiroga le fue asignado el número 268.

En su primera noche, cuatro de ellos fueron ubicados en una celda y los otros pasaron la noche en el comedor. Por normas internas, los reclusos disponen el espacio que ocuparán los nuevos reos.

Sentencia por el caso

Segundo mandato
- 6 de agosto del 2002
Comienza el segundo mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada. Su primera gestión fue entre 1993-1997, en la que aplicó una política de capitalización de empresas del Estado.

Guerra por el impuestazo
-12 y 13 de febrero del 2003
Militares y policías se enfrentan en la plaza Murillo. Los policías protestan por la decisión del Gobierno de cobrar impuestos a los salarios. Mueren 33 personas.

Gas por Chile
- 14 de agosto del 2003
El consorcio Pacific LNG ratifica que el gas boliviano debe salir por un puerto de Chile y descarta una salida por Perú para la venta de gas a Estados Unidos.

Marcha por reinvidicación
- 2 de septiembre del 2003
Empieza en Caracollo la marcha por la “reivindicación nacional” encabeza por exmilitares, policías y dirigentes de El Alto, exigiendo la industrialización del gas y no venta por Chile.

Promesa de Goni
- 14 de septiembre del 2003
El Gobierno inicia en Tarija la campaña de información y diálogo sobre el proyecto de exportación de gas por ultramar a mercados del exterior.

Movilización social
-19 de septiembre de 2003
En el día nacional de la defensa del gas, sectores sociales marchan en La Paz contra la exportación de gas a mercados de México y Estados Unidos, por puerto chileno.

 

 

http://www.la-razon.com/version_temp.php?ArticleId=2169&EditionId=2638&idp=10&ids=428

 

 

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Por su implicación en las muertes de casi 70 personas

La ONU elogia la sentencia contra los responsables de la masacre del Octubre Negro en 2003

NUEVA YORK, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -   


   La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha aplaudido este viernes la decisión adoptada por el Tribunal Supremo de Bolivia por la que se condena a varios altos cargos por su implicación en las muertes de casi 70 personas durante las protestas de 2003 conocidas como el "Octubre Negro".

   Tras un proceso judicial de cinco años de duración, cinco altos oficiales del Ejército fueron condenados esta semana por la muerte de 69 personas durante unas protestas contra la construcción de un gasoducto a través de El Alto, cerca de La Paz.

   "Aplaudo la decisión del Tribunal Supremo de Bolivia, un paso importante en la lucha contra la impunidad", hizo saber Pillay en un comunicado, en el que instó al Gobierno de a tomar las medidas necesarias para "asegurar que las víctimas y sus parientes reciban las compensaciones necesarias".

   "Espero que esta tendencia continúe y gane cada vez más fuerza", estimó Pillay, citando casos similares en Argentina, Uruguay, Guatemala y Colombia.

   "Aquellos que llevan a cabo torturas, asesinatos extrajudiciales u otros crímenes harían bien en reflexionar sobre esta saludable tendencia que está teniendo lugar en Latinoamérica a la hora de combatir la impunidad histórica", advirtió.


http://www.europapress.es/latam/politica/noticia-bolivia-onu-elogia-sentencia-contra-responsables-masacre-octubre-negro-2003-20110902165726.html

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